Por: Wilson Hernández Breña *
Cuando la justicia es gratuita lo es por norma. Pasa, por ejemplo, cuando una mujer desea demandar una pensión de alimentos en un juzgado. No paga tasas ni aranceles judiciales. Entonces, la justicia no les cuesta nada. ¿Cierto? No. Si no cuenta con defensor público, paga por un abogado privado, pero ¿eso es todo? Se suele pensar que sí, pero la realidad es bastante distinta.
La gratuidad de la justicia decretada por norma es una realidad parcial. En la práctica y más allá de los honorarios de los abogados, existen otros tantos costos económicos y no económicos que limitan el acceso a la justicia de cualquier persona, tanto de hombres como de mujeres. Sin embargo, en algunos casos son las mujeres quienes cargan con una mayor cantidad de costos. El género pero también la clase social y el funcionamiento del sistema de justicia están en la base de tales costos. Es el caso de los procesos judiciales de pensión de alimentos, aunque también de muchos otros.
Entonces, ¿cuánto le cuesta la justicia a las mujeres? Hace 2 semanas, se realizó en Palacio de Justicia la presentación de una investigación[1], elaborada por el autor de este artículo, que buscó dar respuesta a esta pregunta. La investigación centró su análisis en dos procesos: pensión de alimentos y violencia sexual. Su elección obedeció a su grado de relevancia en las zonas de estudio: Cajamarca (Chota y San Marcos) y Apurímac (Andahuaylas y Chincheros), provincias de altos niveles de pobreza y ruralidad. El estudio, financiado por la cooperación suiza, fue elaborado para el Proyecto de Acceso a la Justicia en Comunidades Rurales (PROJUR), posteriormente transferido a la Oficina Nacional de Justicia de Paz (ONAJUP) del Poder Judicial.
Pensar en los costos que una mujer afronta en un proceso implicó romper conceptos y visiones tradicionales. En suma, hubo dos formas de identificar costos: por su ubicación en el tiempo (antes, durante o después del proceso judicial) y por los espacios funcionales donde aparecen (sostenimiento/acompañamiento; deficiencias del sistema de justicia; abogados, mercado de defensa legal y su actuación; e intrapersonal).
Aunque este artículo solo aborda los costos para los casos de pensión de alimentos, hay un hallazgo preocupante y común a éstos y a los de violencia sexual. El ámbito geográfico de la investigación es fuertemente rural y se esperaba, por tanto, encontrar que la mayoría de demandantes sean pobladores rurales. Ello no fue así. Aún en estas provincias mayoritariamente rurales, el acceso a la justicia mayoritario es de las mujeres urbanas.
¿Quiénes son las mujeres que acuden a para pedir una pensión de alimentos? Las encuestas permitieron crear un perfil de las demandantes. Son madres de 1 hijo (promedio), con 30 años y estudios de primaria o secundaria. Se dedican a actividades que generan pocos ingresos. Por ello mismo, en Cajamarca un 75% de las demandantes encuestadas mencionó haber financiado los costos del proceso con préstamos de familiares, amigos o incluso de entidades financieras.
Las demandas que presentan estas mujeres son bastante concretas (generalmente, entre 2 y 4 páginas). Los casos suelen estar poco contextualizados en la vida de la demandante, a diferencia de lo que, por ejemplo, pasa con las demandas de alimentos de clase alta. Probablemente por ello, en los escritos de demanda se obvie la existencia de violencia conyugal.
A través de encuestas se identificó que durante su relación con el demandado las demandantes fueron víctimas de distintas formas de violencia: violencia psicológica (entre un 63% y 89%, según la provincia estudiada), de violencia física (entre un 32% y un 81%, según la provincia estudiada) y hasta de violencia sexual (31% en el caso de Andahuaylas). Lejos de ser un litigio netamente económico (reduccionismo en el que suelen caer jueces y abogados), los procesos de pensión de alimentos suelen esconder una realidad bastante más compleja que la jurisprudencia internacional viene incorporando poco a poco.
ALGUNOS COSTOS DURANTE EL PROCESO JUDICIAL
Abogado y transporte. El dato indispensable. ¿Cuánto le cuesta un abogado a una mujer demandante por alimentos?
En principio, podría no costarle. Si bien el Poder Judicial creó un formato de demanda (con éste se puede prescindir del abogado), se usa marginalmente: entre un 0% y 4.5% según la provincia estudiada. El formato no es del todo fácil de usar para quienes no manejan el lenguaje judicial y además, al prescindir del abogado para esta etapa también se prescinde de éste durante el resto del proceso, lo que genera efectos negativos directos en el monto de pensión que se puede obtener en el proceso.
Cuando se paga por el abogado, se registró que éste cuesta un promedio de 130 nuevos soles, cifra que para la economía de las familias y de las madres de las zonas estudiadas genera fuertes desbalances económicos. Por ello la escasa existencia de defensores públicos en las zonas estudiadas y por tanto la obligación de recurrir a un abogado privado es un costo adicional para las mujeres demandantes de pensión de alimentos. A ello se suma que estas mujeres gastan, según la provincia estudiada, entre 10 y 100 nuevos soles en trámites y transportes.
Tiempo en exceso. Estos procesos duran grosso modo entre 3 y 7 meses, aún cuando según la ley deberían durar apenas 25 días. Hay una demora excesiva. Y esa demora excesiva es una forma de ineficiencia que ejerce un impacto negativo en varios aspectos: la cantidad de tiempo invertido en el proceso, en el costo de tramitación, en el desgaste psicológico de las partes, etc.
Es decir, podemos pensar la dilación como un costo derivado de no poder otorgar el servicio judicial en el tiempo debido. Este costo sería equivalente al tiempo adicional a lo que legalmente debería durar un proceso judicial (25 días). Pero en realidad es más justo no tomar el tiempo legal como estándar de referencia sino el plazo legal ajustado (incorpora la demora promedio de notificaciones).
Con ello, el costo por el tiempo en exceso transcurrido en el proceso judicial asciende a 47 nuevos soles por persona en Chota (dato más bajo) y a 74 nuevos soles en Andahuaylas (dato más alto). Nuevamente, es un monto que sumado a los anteriores va acumulando una carga cada vez más fuerte sobre economías familiares de bajos recursos.
Fijación de pensión por conciliación. Existen otros costos que no implican desembolsos. Pero si bien no reducen la cantidad de dinero actual en el bolsillo, sí lo hacen con el ingreso disponible futuro.
¿Y cuándo sucede esto? Cuando la pensión es pactada durante la conciliación judicial, frente a lo que se determina en la sentencia. Esto sucedió en Cajamarca mas no en Apurímac. Por sentencia, en Cajamarca el promedio de pensión fue de 201 nuevos soles, en tanto que por conciliación judicial el promedio fue de 151.
Pero hay un segundo efecto alrededor de la fijación de la pensión en la conciliación judicial. Este efecto tiene que ver con el equilibrio o desequilibrio que trae consigo la presencia o ausencia del abogado de cada parte en las audiencias. En Apurímac, cuando la demandante fue sin abogado a la audiencia obtuvo una pensión hasta un 60% menor que aquellas que fueron con abogado.
Dinamismo de abogados. Para continuar sobre el tema de los abogados, hay 2 hallazgos importantes del funcionamiento del mercado de defensa legal. De un lado, el dinamismo de los abogados influye directamente en el tiempo de resolución del proceso: a mayor dinamismo, menos tiempo dura el proceso. Ello, como vimos antes, implica un menor costo.
En Andahuaylas, se detectó un resultado particular: los defensores públicos se mostraron más dinámicos que los abogados privados (los casos que llevan duran menos). El dinamismo se mide con el número y tipo de escritos presentados. Entonces, los defensores públicos –por lo menos en Andahuaylas– aseguran un proceso más rápido y reducen los costos a las demandantes.
Sin embargo, aquí viene el segundo hallazgo sobre cómo funcionan los mercados de abogados: si una mujer es defendida por un defensor público su pensión será en promedio 10% menor en Apurímac y 23% menor en Cajamarca que si ésta hubiera sido patrocinada por un abogado privado. En Cajamarca, si prolongamos esta diferencia a lo largo de la vida útil de la pensión, la demandante dejaría de recibir casi 5 mil nuevos soles.
Las respuestas a estos datos se hallan en la calidad de la defensa, algo que va íntimamente ligado a las desigualdades sociales. Para contrarrestar este efecto, hace falta más defensores públicos y mejorar su calidad. Pero claro, estos abogados son pocos y de escasa presencia en zonas urbano-marginales y rurales, y la calidad de su trabajo resulta siendo menor pese a que, paradójicamente para el caso de Andahuaylas, son más dinámicos que sus colegas en el sector privado.
ALGUNOS COSTOS DESPUÉS DEL PROCESO JUDICIAL
Los costos que he mencionado se dan durante el proceso. Pero una vez terminado éste también se producen otros tantos vinculados a la ejecución de la sentencia y los esfuerzos para procurar que se pague, y al impacto personal de la experiencia de haber pasado por un proceso judicial.
De la variedad de costos en este periodo post Poder Judicial, hay dos interesantes. Primero, la baja tasa de ejecución de sentencias y sus consecuencias: en Andahuaylas, el 27% nunca pagó la pensión y el 49% la pagó en ocasiones. En Cajamarca la situación no fue muy distinta: el 36% nunca pagó y el 32% la pagó ocasionalmente. Detrás de la no ejecución, hay trámites judiciales, procesos judiciales y esfuerzos personales con los que carga la demandante. Detrás de estas cifras hay también un costo en términos de la confianza ciudadana en el juez y la justicia.
Pero hay un segundo costo que se manifiesta en un campo distinto, el intrapersonal: pese a que en la gran mayoría de los casos se le otorga pensión a las demandantes, en Andahuaylas, el 56% de éstas señala que no volvería a iniciar un proceso judicial. En Chota, esa cifra llega al 62%.
En suma, el tema de costos del acceso a la justicia no es meramente económico. Hay otros factores detrás que merecen debida atención. Y es una realidad tanto rural como urbana al parecer masificada: los procesos judiciales de pensión de alimentos son (dato no oficial) los más frecuentes en el Poder Judicial. Y frente a todo, al costado de los aspectos normativos y procesales, el tema de género, clase social y etnia son fundamentales para comprender la aparición de ciertos costos. Estos tres factores parecen etéreos pero tienen efectos bastante concretos sobre la justicia y sobre cuánto ésta le cuesta a las mujeres.
*Director de CIAD – Centro de Investigación Aplicada al Desarrollo
[1] Hernández, Wilson. ¿Cuánto le cuesta la justicia a las mujeres? Costos económicos y no económicos del acceso a la justicia en procesos de alimentos y violencia sexual en Apurímac (Andahuaylas y Chincheros) y Cajamarca (Chota y San Marcos). Lima, Poder Judicial, 2012.
